
A pesar del cambio de partido en el gobierno federal, hasta la fecha el Estado mexicano ha incumplido por completo su responsabilidad de investigar y castigar los crímenes de Estado cometidos durante las masacres de estudiantes del 2 de octubre del 68 y del 10 de junio del 71, así como de los cientos de desapariciones forzadas perpetradas durante la décadas de los setenta y ochentas.
El actual gobierno federal convalidó la decisión del cierre de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) y puso las investigaciones bajo la responsabilidad de la Procuraduría General de la República (PGR), como si fueran delitos comunes, sin que hasta la fecha haya resultado alguno. Por su parte, el poder Legislativo no ha realizado acción alguna para impulsar el acceso a la verdad y la justicia en estos casos; mientras que el Poder Judicial, con sus resoluciones, mantiene la práctica de obstaculizar el pleno acceso a la justicia.
Frente a esta política del Estado mexicano, diversas organizaciones de víctimas y familiares de estos crímenes de Estado y organizaciones de Derechos humanos iniciaron un proceso de coordinación. A la fecha catorce organizaciones con sede en Chihuahua, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guerrero y el Distrito Federal nos hemos reunido en tres ocasiones para intercambiar información y analizar la actuación del Estado mexicano con respecto de la demanda común de verdad y justicia para todas estas violaciones de derechos humanos.
A lo largo de este proceso se ha constatado:
Que los crímenes de Estado –masacre del 68 y 71 y desapariciones forzadas- permanecen impunes por completo.
Que el actual gobierno federal está desarrollando una política que busca ignorar estos hechos y hacer prevalecer la impunidad.
Que el Estado mexicano mantiene sin cumplir su obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables; de llevar a cabo una reparación integral del daño a favor de las víctimas y realizar los cambios legales y de práctica que hagan posible que no se repitan estos crímenes de Estado.
Ante lo cual las organizaciones han decidido iniciar la campaña
CRIMENES DE ESTADO Y DESAPARICIONES FORZADAS: NUNCA MAS